En años recientes la dársena de Santa Cruz ha venido mostrando problemas regulatorios en torno a los prestadores de servicios. Se observan subejercicios en las funciones de autoridad, protestas sociales (Redacción, 2011a, 2011b; Rivera, 2011), comercio informal en el muelle (UMAR, 2015), sobrepoblación de embarcaciones (API, 2012), accidentes en la navegación y contaminación del ambiente marino por derrames o mal manejo de residuos, entre otras problemáticas que generan costos visibles para la seguridad, el medioambiente y para las rentas del turismo náutico, según percepción de los propios usuarios y operadores del muelle.
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